Grupo liderado por Andalucía, en el que participan como miembros el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y once Comunidades Autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria , La Rioja  y Aragón. Para la ejecución de los objetivos, el Grupo ha abierto una doble línea de trabajo:

• Una primera línea funcional en la que se trabaja en diversas vías. Establecer una política general de la gestión de los archivos de documentos judiciales. Se pidió la colaboración de todos los miembros, para que realizaran sus aportaciones en la redacción de un nuevo Real Decreto de archivos. Además, en esta línea se trabajó en la clasificación y valoración de las series documentales de las distintas jurisdicciones. Actualmente el Grupo está definiendo la Política de Gestión de Documentos.

• La segunda línea (actualmente interrumpida) se centra en el estudio de la aplicación tecnológica adecuada a esa política  de gestión de documentos. 

 Actualmente se está trabajando en la definición de una política general de gestión de archivos.